MARCO NORMATIVO RESPECTO A LA EQUIDAD Y PARIDAD DE GÉNERO
(POSTERIOR A LAS REFORMAS ELECTORALES)
Constitución Política del Estado de Yucatán Artículo 16.- El Poder Público del Estado de Yucatán se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un Congreso formado por menos diputados que los señalados en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las elecciones del Gobernador, de los diputados y de los integrantes de los ayuntamientos se realizarán mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, conforme a las siguientes disposiciones: Apartado A. De los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas.

Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su participación en el proceso electoral, los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden, así como las reglas para garantizar la paridad de género en la asignación de candidaturas a diputados y de candidaturas para ayuntamientos, en sus dimensiones horizontal y vertical.

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán Artículo 38. Las fórmulas de candidatos independientes a diputados regulados en este Libro deberán ser del mismo género.

Artículo 123. Son atribuciones y obligaciones del Consejo General:

I. a la LVI.

LVII. Emitir acuerdos y aplicar disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos para garantizar la paridad de género para el registro de candidaturas a diputados y a regidores de ayuntamientos en sus dimensiones horizontal y vertical, en términos de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado de Yucatán, la Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán y esta ley;

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Artículo 154. Los consejeros electorales distritales serán designados por el Consejo General del Instituto a más tardar el 30 de septiembre del año previo al de la elección, de acuerdo a las bases siguientes:

Para verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como para seleccionar de entre los aspirantes, a los que tengan perfiles idóneos para fungir como consejeros electorales de los consejos distritales y municipales, se deberá observar las reglas siguientes:

I. El Consejo General deberá emitir una convocatoria pública con la debida anticipación a la fecha en que los aspirantes a consejeros distritales y municipales deban presentar la documentación necesaria que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos para ocupar el cargo. II. La convocatoria señalará la documentación que deberán presentar los aspirantes, las etapas que integrarán el procedimiento, así como el plazo en que deberá aprobarse la designación de consejeros electorales. III. Las etapas del procedimiento serán, cuando menos, las siguientes: a) Inscripción de los candidatos; b) Conformación y envío de expedientes al Consejo General; c) Revisión de los expedientes por el Consejo General; d) Elaboración y observación de las listas de propuestas; e) Valoración curricular y entrevista presencial, y f) Integración y aprobación de las propuestas definitivas.

La valoración curricular y la entrevista a los aspirantes deberán ser realizadas por los consejeros electorales. Para la valoración curricular y entrevistas, se deberán tomar en cuenta aquellos criterios que garanticen la imparcialidad, independencia y profesionalismo de los aspirantes.

La convocatoria pública deberá difundirse de manera amplia en todo el estado de Yucatán, a través de la página oficial del Instituto, en los estrados y demás que se determinen. Asimismo, en universidades, colegios, organizaciones de la sociedad civil, comunidades y organizaciones indígenas y entre líderes de opinión de la entidad, así como en periódicos de circulación local.

Para la designación de los consejeros electorales de los consejos distritales y municipales del Instituto, se tomarán en consideración, como mínimo, los criterios orientadores de paridad de género, pluralidad cultural, participación comunitaria o ciudadana, prestigio público y profesional, compromiso democrático, y conocimiento de la materia electoral.

La designación de los consejeros deberá ser aprobada por al menos con el voto de cinco consejeros electorales del Instituto.

Artículo 214. Las disposiciones del presente capítulo regulan el procedimiento de registro de candidatos a cargos de elección popular.

I. El registro de candidatos a cargos de elección popular se realizará conforme a lo siguiente:

a) Las candidaturas a diputados a elegirse por el principio de mayoría relativa, se registrarán por fórmulas compuestas cada una por un candidato propietario y un candidato suplente del mismo género; b) Las candidaturas a diputados a elegirse por el principio de representación proporcional se registrarán por medio de listas de 5 candidatos propietarios, alternando los géneros de los candidatos para garantizar el principio de paridad hasta agotar la lista;

c) Las candidaturas a regidores de ayuntamientos se registrarán por planillas integradas por candidatos de mayoría relativa y de representación proporcional, propietarios y suplentes; y de entre ellos, el primero de la planilla será electo con el carácter de Presidente Municipal y el segundo con el de Síndico. En todo caso se deberá observar que cuando los propietarios sean del género femenino, las suplentes deberán ser del mismo género. Se asegurará la paridad horizontal, esto es, cada uno de los géneros encabezará el 50 % de las planillas de candidatos a regidores que contenderán en los municipios del estado, y

d) Ninguna persona podrá ser registrada como candidato a distintos cargos de elección popular o postulado simultáneamente como candidato de mayoría relativa y representación proporcional, en el mismo proceso electoral.

En el caso de que para un mismo cargo de elección popular sean registrados diferentes candidatos por un mismo partido político, el secretario ejecutivo del Consejo que corresponda, una vez detectada esta situación, requerirá al partido político, a efecto de que informe al citado Consejo, en un término de 48 horas, qué candidato o fórmula prevalecerá. En caso de no hacerlo se entenderá que el partido político opta por el último de los registros presentados, quedando sin efecto los demás.

II. Con objeto de que la representación popular en el Poder Legislativo y en los Ayuntamientos del Estado se dé en condiciones de paridad y para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para ser postulados como candidatos a diputados y regidores de los ayuntamientos, por los partidos políticos y coaliciones, las solicitudes se ajustarán a lo siguiente:

a) De la totalidad de solicitudes de registro de candidaturas a diputados por el principio de mayoría relativa que presenten los partidos políticos o las coaliciones, en ningún caso incluirán más del 50% de candidatos propietarios de un mismo género; b) El Consejo General del Instituto tendrá la facultad para rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda la paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros;

c) En las listas de candidatos a regidores de los ayuntamientos, los candidatos propietarios siempre se integrarán alternando los géneros hasta completar la lista, y

d) Tratándose de fórmulas en que el candidato propietario sea del género femenino, los suplentes deberán ser del mismo género.

Artículo 221. Para la sustitución de candidatos, los partidos políticos y las coaliciones lo solicitarán por escrito al Consejo General del Instituto, observando las siguientes disposiciones:

I. Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos podrán sustituirse libremente, respetando el equilibrio paritario entre hombres y mujeres.

II. Vencido el plazo a que se refiere la fracción anterior, exclusivamente podrán sustituirlos por causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia. Para la corrección o sustitución, en su caso, de las boletas electorales se estará a lo dispuesto en esta Ley, y

III. Cuando la renuncia del candidato fuere notificada por éste al Consejo General del Instituto, lo hará del conocimiento del partido político o la coalición que lo registró para que proceda, en su caso, a su sustitución.

Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán Artículo 3. Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propio, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos Locales, y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, procurando la participación igualitaria de mujeres y hombres en la postulación de candidaturas.

Los partidos políticos tienen personalidad jurídica, gozan de los derechos y las prerrogativas y quedan sujetos a las obligaciones y, en su caso, a las sanciones que establecen la Constitución Federal, la Constitución y la Ley de Instituciones.

Es derecho exclusivo de los ciudadanos yucatecos formar parte de agrupaciones y partidos políticos, así como afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, queda prohibida la intervención de: s

I. Organizaciones civiles, sociales o gremiales, nacionales o extranjeras;
II. Organizaciones con objeto social diferente a la creación de partidos políticos, y
III. Cualquier forma de afiliación corporativa.

Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática entre niñas, niños y adolescentes. En la integración de sus órganos internos, buscarán la participación efectiva de ambos géneros.

Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a diputados locales, presidentes municipales, síndicos y regidores de los ayuntamientos. Éstos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros.

En ningún caso, se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos distritos electorales locales en los que el partido político haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior.

Artículo 25. Son obligaciones de los partidos políticos:

I. Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos;

II. Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno o autoridades electorales;

III. Mantener el mínimo de militantes requeridos en las leyes respectivas para su constitución y registro;

IV. Ostentar la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, los cuales no podrán ser iguales o semejantes a los utilizados por partidos políticos ya existentes;

V. Cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen sus estatutos para la postulación de candidatos;

VI. Mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios;

VII. Contar con domicilio social para sus órganos internos;

VIII. Editar por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico;

IX. Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos;

X. Publicar y difundir en las demarcaciones electorales en que participen, así como en los tiempos que les corresponden en las estaciones de radio y en los canales de televisión en el Estado, la plataforma electoral que sostendrán en la elección de que se trate;

XI. Informar al Instituto sobre el origen, monto y aplicación de sus recursos financieros, así como permitir la práctica de auditorías y verificaciones por los órganos del Instituto Nacional Electoral facultados para ello, o del Instituto cuando se deleguen en éste las facultades de fiscalización previstas en el artículo 41 de la Constitución Federal, así como entregar la documentación que dichos órganos les requieran respecto a sus ingresos y egresos;

XII. Comunicar al Instituto, tratándose de partidos políticos locales, cualquier modificación a sus documentos básicos, dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente por el partido político. Las modificaciones no surtirán efectos hasta que el Consejo General del Instituto, declare la procedencia legal de las mismas. La resolución deberá dictarse en un plazo que no exceda de 30 días naturales contados a partir de la presentación de la documentación correspondiente, así como los cambios de los integrantes de sus órganos directivos y de su domicilio social, en términos de las disposiciones aplicables;

XIII. Actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras, organismos o entidades internacionales y de ministros de culto de cualquier religión;

XIV. Destinar los bienes de que dispongan al cumplimiento de sus fines y aplicar las prerrogativas y el financiamiento exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados;

XV. Abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión que denigre a las instituciones y a los partidos políticos o que calumnie a las personas;

XVI. Vigilar que sus militantes y afiliados cumplan con las disposiciones electorales en materia de promoción y propaganda electoral durante los procesos electorales y fuera de ellos;

XVII. Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso o discriminatorio en su propaganda;

XVIII. Abstenerse de realizar afiliaciones colectivas de ciudadanos;

XIX. Garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a diputados locales, presidentes municipales, síndicos y regidores de los ayuntamientos;

XX. Elaborar y entregar al Instituto los informes de origen y uso de recursos a que se refiere la presente Ley, en caso de que se encuentre delegada esta facultad;
XXI. Garantizar y promover la participación política de jóvenes menores de 30 años en igualdad de oportunidades;

XXII. Cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transparencia y acceso a su información les impone;

XXIII. Tratándose de los partidos políticos, contar con centros de formación y estudios socio políticos, y

XXIV. Garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores locales, así como a los integrantes de las planillas de ayuntamientos;br/> XXV. Diseñar y poner en práctica programas para institucionalizar la perspectiva de género en el partido;

XXVI. Garantizar las militantes que contiendan o ejerzan un cargo de elección popular, el no ejercicio de la violencia política contra ellas; así como sancionar a quienes lo ejerzan, y

XXVII.
Las demás que establezca esta Ley y las aplicables a la materia.

Artículo 34. Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo quinto del Apartado A del artículo 16 de la Constitución, los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección.

Son asuntos internos de los partidos políticos:

I. La elaboración y modificación de sus documentos básicos, los cuales en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral;

II. La determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y voluntaria afiliación de los ciudadanos a éstos;

III. La elección de los integrantes de sus órganos internos, debiendo considerar la participación de ambos géneros;

IV. Los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección popular;

V. Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales y, en general, para la toma de decisiones por sus órganos internos y de los organismos que agrupen a sus militantes, y

VI. La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos.